Calculadora de plazos de prescripción y caducidad

Cinco años (art. 1964.2 CC) desde que puede exigirse el cumplimiento, para las acciones personales sin plazo especial. Es el plazo que rige desde la Ley 42/2015 (en vigor el 07/10/2015); antes era de 15 años, y las acciones nacidas bajo el plazo antiguo tienen un régimen transitorio con tope propio.

La prescripción se interrumpe con cada reclamación válida y el plazo vuelve a contar entero desde cero (art. 1973 CC). La caducidad corre inexorablemente desde el día inicial, no se interrumpe —un burofax no gana ni un día— y la aprecia el juez de oficio. Saber cuál de las dos rige la acción es lo primero que hay que comprobar.

La reclamación judicial, la reclamación extrajudicial y el reconocimiento de deuda por el deudor (art. 1973 CC). Conviene usar la fecha de recepción acreditada, no la de envío: la prueba de la interrupción incumbe al acreedor. Cada acto válido reinicia el cómputo por entero.

Veinte días hábiles, y es un plazo de caducidad (art. 59.3 ET y art. 103.1 LRJS). Ojo: agosto sí cuenta, porque el art. 43.4 LRJS exceptúa expresamente la modalidad procesal de despido. La papeleta de conciliación suspende el plazo desde su presentación (art. 65.1 LRJS), no lo reinicia: al reanudarse solo restan los días que quedaban.

Solo a los que ya estaban corriendo el 14/03/2020. Esos plazos estuvieron suspendidos —no interrumpidos— 82 días naturales los civiles (DA 4ª RD 463/2020, reanudación el 04/06/2020), 79 los administrativos y 78 los tributarios, y la fecha límite se desplaza en esa medida. La calculadora aplica la ventana que corresponde a cada ámbito.

A los cuatro años (arts. 66 y 67 LGT). El error más frecuente es el día inicial: no se cuenta desde el fin del ejercicio ni desde que se presentó la declaración, sino desde el fin del plazo reglamentario de presentación. La prescripción tributaria se aprecia de oficio (art. 69.2 LGT).